Comisión de la Verdad y Reconciliación: 10 años después y aun no hay justicia, verdad ni reparación
Las decenas de miles de hombres, mujeres, niñas y niños que sufrieron las terribles violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno en Perú (1980-2000) aun esperan justicia, verdad y reparación, una década después de la presentación del emblemático informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
El informe de la Comisión detalla las extensas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y graves violaciones al derecho humanitario internacional cometidas entre mayo de 1980 y noviembre de 2000 por agentes del Estado peruano, por personas que actuaron con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, así como por grupos opositores armados, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
La Comisión estableció que decenas de miles de víctimas fueron asesinadas, desaparecidas forzosamente, incluyendo violaciones y esterilizaciones contra su voluntad, y arbitrariamente detenidas. Concluyó que Sendero Luminoso fue el principal perpetrador al haber cometido casi 54% de las graves violaciones a los derechos humanos que la Comisión investigó, y que las comunidades indígenas y campesinas resistieron ante todo lo oscuro de la violencia.
La Comisión presentó una serie de recomendaciones para promover la verdad, justicia y reconciliación incluyendo: la reforma estructural de las fuerzas armadas, la policía y el sistema judicial, reparaciones individuales y colectivas para las víctimas, así como un plan nacional para investigaciones forenses con el fin de ubicar e identificar a las víctimas, establecer la causa de su muerte e identificar a los perpetradores.
Durante los últimos 10 años desde la publicación de los hallazgos de la Comisión, se han realizado algunos avances en la lucha contra la impunidad, incluyendo la presentación ante la justicia de algunos de los principales perpetradores de estos crímenes. Sin embargo, aun queda un largo camino por recorrer en la obtención de verdad, justicia y reparación para las decenas de miles de víctimas y sus familiares.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, menos del 20% de los casos que han supervisado durante los últimos 10 años han obtenido sentencia. Las fuerzas armadas han rechazado sistemáticamente cooperar con las investigaciones, haciendo imposible para los fiscales y abogados representantes de los familiares de las víctimas reunir suficiente evidencia admisible para que un caso continúe.
La Comisión identificó más de 4,000 lugares de entierro a ser excavados. Desde entonces, la Fiscalía de la Nación tiene una lista actualizada de más de 15,000 personas desaparecidas e identificó más de 6,400 lugares de entierro. Sin embargo, menos de 2,500 restos han sido exhumados y solo la mitad de ellos han sido identificados y retornados a sus familiares.
Tras 10 años es tiempo que las autoridades peruanas se comprometan con la verdad, justicia y reparación.
Decenas de miles de familiares aun no saben el paradero de sus seres queridos. Decenas de miles de víctimas aun tienen que ver en el banquillo a aquellos que los torturaron y aun esperan por una reparación. La mayoría de víctimas provienen de los estratos más marginalizados de la sociedad. Si las autoridades peruanas enfrentan seriamente la discriminación e impunidad, no pueden esperar otros 10 años para garantizar la implementación de todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Lima, 27 de agosto de 2013
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